El CERMI ha reclamado que la futura Ley de Salud Pública, que el gobierno ha anunciado que promoverá en breve, tenga en cuenta la perspectiva de la discapacidad, para que las necesidades de estas personas y sus familias encuentren el debido encaje en las políticas de salud pública.
Con vistas a que la futura normativa incluya las demandas de la discapacidad, el CERMI ha elaborado un documento de posición, en el que aparecen sistematizadas las principales propuestas del sector de la discapacidad. Para el CERMI, la nueva Ley debe garantizar el acceso, la accesibilidad y la inclusión en igualdad de condiciones. En este contexto, una de las prioridades más importantes es el acceso a la asistencia prolongada y a los servicios de apoyo para las personas con discapacidad. Otros aspectos prioritarios son la compensación de los efectos negativos de las discapacidades en términos de salud; la habilitación y la rehabilitación; la atenuación de las consecuencias económicas y sociales de la discapacidad, y de las desigualdades en materia de salud, con especial consideración de las necesidades de las mujeres con discapacidad. También han de ser objetivos importantes de cualquier política de salud pública en relación con la discapacidad la de reducir la exclusión social, eliminar obstáculos y barreras, facilitar la movilidad y aprovechar el potencial de las tecnologías de la información.
Con este documento, el CERMI se hace presente en el debate iniciado para dotar a España de una legislación actualizada en relación con la salud pública de la población, de la que la discapacidad no puede quedar apartada.
El documento ha sido elaborado por Antonio Jiménez Lara (consultor especializado en discapacidad y socio de InterSocial), con aportaciones de las organizaciones del sector social de la discapacidad articulado en torno al CERMI.
