Portada Esta publicación tiene como autores a Pilar Pallero, Esther Petisco y Agustín Huete. Trata sobre las personas con capacidad intelectual límite ya que constituyen un grupo específico y particular dentro de la población con discapacidad intelectual, que requiere de un tipo de apoyo determinado en el área laboral. Se conocerán las peculiaridades de este colectivo y se detallará cómo, cuando el entorno es favorable mejoran su aprendizaje, desarrollan las competencias laborales en el puesto y muestran habilidad en las relaciones interpersonales hacia sus compañeros de trabajo. La finalidad de este libro, más que centrarse en déficits, es entender que los apoyos que brinden sus compañeros de trabajo y jefes serán clave, tanto para el desempeño en el puesto como para su interacción normalizada en el contexto laboral. 

 

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Portada Esta publicación tiene como autores a Pilar Pallero, Esther Petisco y Agustín Huete. Trata sobre las personas con capacidad intelectual límite ya que constituyen un grupo específico y particular dentro de la población con discapacidad intelectual, que requiere de un tipo de apoyo determinado en el área laboral. Se conocerán las peculiaridades de este colectivo y se detallará cómo, cuando el entorno es favorable mejoran su aprendizaje, desarrollan las competencias laborales en el puesto y muestran habilidad en las relaciones interpersonales hacia sus compañeros de trabajo. La finalidad de este libro, más que centrarse en déficits, es entender que los apoyos que brinden sus compañeros de trabajo y jefes serán clave, tanto para el desempeño en el puesto como para su interacción normalizada en el contexto laboral. 

 

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El evento ha sido convocado por la Escuela de familias y discapacidad de Fundación MAPFRE, Casa Hogar Acéptame como soy de Oaxaca, Sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de Oaxaca (DIF de Oaxaca), El Centro San Camilo para la Humanización y la Pastoral de la Salud de Guadalajara-Jalisco (México) y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

En la inauguración del acto, celebrada este 25 de noviembre, María Josefina Andrade, Presidenta de la Asociación Casa Hogar  “Acéptame Como Soy”, ha dado la bienvenida a los participantes al Congreso invitando a aprovechar este espacio de reflexión para ver con nuevos ojos el reto de atender a las personas con discapacidad intelectual. Considera que la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual pasa por promover el respeto a sus derechos humanos, por la exigencia en su atención desde un enfoque de derechos.

Gonzalo Berzosa, Director de la Escuela de familias y discapacidad de Fundación MAPFRE ha resaltado el honor que significa para Fundación MAPFRE colaborar este Congreso por dos razones. La primera porque coincide con los objetivos de mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad que tiene la Acción Social de Fundación MAPFRE. Y en segundo lugar porque el lema del congreso, “El conocimiento, base para la inclusión de las personas con discapacidad”, responde a los principios que guían la Escuela de familias y discapacidad. 

Más información: http://discapacidad.fundacionmapfre.org 

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La Escuela de Bienestar para familias de personas con discapacidad intelectual de FUNDACIÓN MAPFRE ha celebrado el pasado sábado 18 de octubre su primera Jornada presencial. El evento, que ha tenido lugar en el Hotel Meliá Zaragoza, ha contado con la presencia del director de la Acción Social de FUNDACIÓN MAPFRE, Fernando Garrido, y del director del proyecto, Gonzalo Berzosa. En su presentación, ambos han resaltado el esfuerzo realizado para desarrollar un aula virtual que de respuesta a las dudas, interrogantes y expectativas de las familias, ante los cambios que están viviendo sus hijos e hijas, porque la discapacidad intelectual ya no es una minoría de edad permanente; ahora llegan a la vejez con más recursos personales y demandando autonomía y una vida independiente.

La conquista de una vida más larga implica una serie de cambios que Gonzalo Berzosa ha desarrollado en su intervención: la educación permanente y el empleo se erigen como pilares fundamentales de la formación de su identidad, de su capacidad de pensamiento propio. Las familias buscan desempeñar un nuevo rol para adaptarse a una serie de cambios dejando atrás las etiquetas tradicionales, los estereotipos y los miedos acerca de la discapacidad. Todo se orienta, en última instancia, a que las familias apoyen y faciliten los deseos de vida independiente de las personas con discapacidad.

La Jornada de Escuela de Bienestar FUNDACIÓN MAPFRE también ha dado cabida a cinco grupos de trabajo para reflexionar sobre aspectos tan significativos como el desarrollo de hábitos saludables en la adolescencia y juventud, la convivencia familiar en la edad adulta, el aprendizaje permanente, la inclusión en el empleo y las situaciones de abuso sobre personas con discapacidad intelectual. Los grupos han sido moderados por profesionales reconocidos del sector: Elías Vived (Down Huesca), José Manuel Rodríguez (Fundación Personas), Cristina Luna (Fundación Talita Barcelona), Óscar Egea (Aportia Aragón) y Jorge López (Programa No Más Abuso).

Como colofón a una jornada que ha atraído a decenas de familiares de distintos lugares del país, se ha ofrecido un espectáculo de magia - “un regalo” a los asistentes –  que ha servido para cerrar y recordar el lema de la jornada: Comparte tu ilusión, saldrás ganando.

Fuentes: Escuela de Bienestar FUNDACIÓN MAPFRE

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Viernes, 25 de Abril de 2014 10:11

La "REVISTA SÍNDROME DE DOWN” estrena Blog

Revista_Sindrome de Down_21La REVISTA SÍNDROME DE DOWN, que publica la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, cumple el 10º aniversario de la presentación digital de sus artículos en la página Web de la Fundación. Con tal motivo, ha elaborado un número especial que corresponde a marzo de 2014, en el que figuran: toda la colección de cartas del director que resumen los contenidos de cada número, los sumarios y los índices de los artículos por temas y por autores de los últimos 10 años.

  • La edición de este número ha sido realizada en dos versiones:
  • En papel, que ha sido distribuida a todos los suscriptores y amigos.

En forma de blog que, a partir de ahora, adopta una estructura digital propia e independiente cuya dirección es:

http://revistadown.downcantabria.com 

El blog es abierto y sus contenidos pueden ser libremente utilizados. A través de los sumarios e índices por temas y autores, la búsqueda se ejecuta de forma inmediata hasta llegar al artículo requerido que se ofrece en formato PDF.

 

La REVISTA SÍNDROME DE DOWN, decana de la prensa española especializada en el síndrome de Down, fue iniciada en 1984 y, desde entonces, ha aparecido sin interrupción con una frecuencia trimestral. Actualmente ha alcanzado el número 120. Es dirigida desde sus comienzos por el Prof. Jesús Flórez, catedrático de la Universidad de Cantabria (España).

Se define como revista española de investigación e información sobre el síndrome de Down, en cualquiera de sus actividades y disciplinas. Está dirigida especialmente a las personas con síndrome de Down, a sus familias y a los profesiones que les atienden. Publica artículos de opinión, investigación, aplicación práctica, ensayos, análisis sobre política relacionada con el síndrome de Down, evaluación de prácticas innovadoras, entrevistas y testimonios personales, resúmenes y comentarios de trabajos científicos internacionales, presentación de libros actuales.

 

Sus contenidos son ampliamente citados en la bibliografía especializada, y son difundidos en publicaciones de los diversos países de habla española.

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Logo Revista Síndrome de Down: Vida AdultaSe encuentra ya disponible la versión electrónica del número 16 (octubre 2013) de la revista: SÍNDROME DE DOWN: VIDA ADULTA

La revista Síndrome de Down: Vida Adulta es una revista cuatrimestral editada por la Fundación Iberoamericana Down21, que publica artículos originales, revisiones, noticias e información sobre los diversos temas que afectan a la calidad de vida de las personas adultas con síndrome de Down. Su alcance es multidisciplinario y subraya los aspectos prácticos que ayudan a alcanzar dicha calidad.

La revista está dirigida a las personas con síndrome de Down, a sus familiares y a los profesionales que les atienden en las áreas de la educación, la salud, el empleo, la vida social, el desarrollo personal, el ocio y tiempo libre, la ética, la religiosidad y la jurisprudencia.

 

 

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La Escuela de Bienestar es una iniciativa de FUNDACIÓN MAPFRE, que ofrece información y formación para facilitar pautas de intervención útiles a quienes acompañan el desarrollo personal y social de personas con discapacidad. La finalidad de la Escuela es, en definitiva, promover el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
 
La Escuela se dirige a las familias porque son la institución que va a acompañar a la persona con discapacidad durante toda su trayectoria vital, teniendo en cuenta que van a vivir muchos años, es decir, van a envejecer. Esta conquista social fruto de los avances en la salud, en la educación, en el empleo, en el ocio compartido y sobre todo en la inclusión social conlleva a su vez, cambios significativos, no sólo en su desarrollo personal, sino también en las formas de vida familiar y en los recursos que aporta la sociedad. 
 
La Escuela de Bienestar es una oportunidad para reflexionar sobre estos cambios promoviendo actitudes positivas de adaptación a ellos para que las personas con discapacidad sigan siendo activas y no pasivas, agentes y no pacientes, protagonistas y no espectadoras de su vida. En definitiva, para que las capacidades adquiridas en los ámbitos de autonomía personal y de vida independiente social se mantengan durante toda su vida.
 
Sabemos que cambiar no es fácil porque todo cambio genera resistencias, pero también sabemos que las resistencias se superan con información y comunicación. Por eso la Escuela de Bienestar ofrecerá a las familias una plataforma de relación y comunicación en tres ámbitos de formación:
  • El relacionado con la salud integral, física y psíquica que incluye la atención personalizada, los hábitos de autocuidado, la vida sexual y el bienestar emocional.
  • El que afecta a la convivencia familiar y a las relaciones sociales con pautas de conducta y comportamiento adecuados, que se expresan en la comunicación interpersonal, en las relaciones grupales, y en los vínculos afectivos.
  • El que promueve la presencia social y el reconocimiento de ciudadanía con derechos y deberes, que se manifiestan en la educación inclusiva, la atención sanitaria, el acceso al empleo, el disfrute del ocio, la diversión y los bienes culturales.
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Fotografía de Torcuato RecoverSegún Torcuato Recover, coordinador de la Red de Juristas de la Federación de organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps).

Las personas con discapacidad intelectual también son discriminadas y vilipendiadas en la reforma del Código Penal actualmente en trámite parlamentario. La sapiencia de Torcuato Recover, como coordinador de la Red de Juristas de Feaps y miembro del Comité Ejecutivo del Cermi, es necesaria. Lo tiene claro. Si la persona con discapacidad intelectual delinque es porque su limitación cognitiva no le ha permitido conocer el valor de su acción. Ni pena ni castigo. Lo dice en una entrevista publicada en 'Cermi.es semanal'.

¿De dónde cree viene el atávico prejuicio de asociar que las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual son peligrosas?

El origen está en el desconocimiento, en la desconfianza ante lo distinto, ante aquello que excede de nuestros parámetros de normalidad. A lo largo de la historia, las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual han sido discriminados porque se les juzgaba diferentes. No encajaban en los patrones de "lo normal" y, como consecuencia, se les juzgaba como sospechosos y se les podía atribuir cualquier conducta antisocial.

No hay estudios científicos rigurosos que evidencien que la enfermedad mental, y menos aún la discapacidad intelectual, pueda constituir un elemento que favorezca la peligrosidad. Más bien al contrario: antes son víctimas que autores de delitos.

¿Cómo podemos hacer que la sociedad deje de considerar peligrosas a estos dos colectivos?

Parece claro. Sólo la plena inclusión social, el reconocimiento de la persona con discapacidad como un ciudadano más, con plenos derechos y obligaciones, como el resto, puede superar esas diferencias, esos prejuicios.

El "controvertido" proyecto de reforma del Código Penal aprobado ya por el Gobierno y actualmente en trámite parlamentario sigue discriminando a las personas con discapacidad intelectual y con enfermedad mental.

¿Qué denuncia Feaps de esta norma jurídica?

La cuestión más importante es la decisión, que es incluso defendida en la exposición de motivos, de eliminar la limitación en la duración de las medidas de seguridad y permitir que estas se prolonguen en el tiempo. Las organizaciones de atención a las personas con discapacidad intelectual, integradas en Feaps, llevan trabajando, desde hace décadas, con las personas privadas de libertad en centro penitenciarios que padecen discapacidad intelectual. Cuando se comenzaron estos programas comprobamos que en los centros penitenciarios había personas con discapacidad a las que un día un tribunal había reconocido una circunstancia atenuante o eximente y, como consecuencia, se había establecido una medida de seguridad. Y, de este modo, la falta de revisión de ésta, así como la indeterminación de su finalización supusieron dejar a aquellas personas durante años, sin establecerse límite, en el centro penitenciario, olvidados por el sistema judicial.

Al menos, el Código Penal vigente impidió ese tipo de situaciones al establecer que las medidas de seguridad no pueden tener una duración superior a la condena que hubiese correspondido de no aplicarlas, lo que ha permitido evitar aquellos errores del sistema y resultó un situación de seguridad jurídica mucho mayor que con el caso anterior que se ha expuesto. Sin embargo, la propuesta de reforma del Código Penal que se está tramitando modifica nuevamente el texto y elimina esa necesaria limitación.

Si la situación antes de la reforma ya era mala, aunque antes fuera aún peor, volveríamos a peor, ya que el nuevo texto jurídico permie el confinamiento de estas personas durante más tiempo en el caso de que un juez determine que es "peligrosa".

¿Qué hacer ante esto?

En primer lugar, hay que dejar establecido que son muchas, demasiadas, las personas con discapacidad intelectual que llegan a cumplir condenas de privación de libertad porque no se ha detectado, durante el proceso judicial, esa circunstancia personal. Y que esto ocurra ya evidencia un fracaso del sistema.

Si cuando una persona con discapacidad comete un delito y, en función de esa concreta circunstancia personal, se le aplica una medida de seguridad que puede prolongarse en el tiempo más incluso que lo que duraría la pena que se le hubiese impuesto de no existir aquella circunstancia personal, está claro que estamos ante un sistema penal erróneo, injusto, que generan una situación de discriminación que, además, está prohibida por la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad que, paradójicamente, ha ratificado nuestro país.

¿Qué opinión le merece esa "subjetividad" que tendrán que aplicar los jueces para decidir si una persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental es "peligrosa" o no?

El concepto de "peligrosidad" ya forma parte de nuestro derecho penal moderno. Actualmente se tiene en cuenta para el acceso a beneficios penitenciarios y la psicología moderna ha elaborado distintos medios de valoración. Pero no dejaran de ser aproximativos y la decisión sobre la ponderación de ese concepto incluye criterios de valoración ciertamente subjetivos. La gravedad de un delito puede generar una valoración de peligrosidad que, a menudo, está influenciada por criterios de mera alarma social. Y todos estos no son parámetros objetivos e, incluso, impiden comprobar que la persona con enfermedad mental, por ejemplo, puede haber cometido el delito en un momento en el que sufría un brote o una crisis o una descompensación de su trastorno que puede evitarse mediante un seguimiento y un tratamiento adecuado y que, por tanto, si se realiza, carece de justificación mantener su reclusión y prolongarla por el delito que, en esas circunstancias, un día cometió.

¿Cuál puede ser la pretensión del Gobierno al ampliar el límite máximo de reclusión de estas personas con discapacidad sobre el que correspondería al delito cometido si la persona no imputable hubiese sido juzgada como penalmente responsable?

No se me ocurre otro que el dar respuesta e intentar blindarse frente a situaciones de cierta alarma social. A menudo, los medios de comunicación emiten mensajes no rigurosos sobre delitos cometidos por personas que padecen alguna discapacidad o enfermedad mental y eso hace generalizable la sospecha y actualiza ese miedo atávico que considerábamos al principio, que lleva a cuestionar a los gobernantes y a exigirles medidas de mano dura contra quien, mientras dura la noticia, se pinta como una especie de enemigo de la sociedad. Pero dejarse llevar de estas presiones sociales, fácilmente manipulables y en la mayor parte de los casos superficiales, no puede generar nuevas injusticias y, menos aún, excusar situaciones de franca discriminación por razón de la discapacidad.

¿Cree que la asociación de este término a personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual supone un ataque a su imagen personal y social? ¿Nos vincula quizás al imaginario colectivo con la delincuencia y la lesión de bienes sociales, perpetuando el estigma que padecen estas personas?

Sin duda. Es un retroceso en el tiempo, una visión sesgada, discriminatoria, que justifica situar al diferente como sospechoso. Una de las grandes aportaciones de la citada Convención Internacional es que deja sentada que las personas con discapacidad benefician a la propia sociedad en la que se integran. No es sólo que estas tienen derecho a integrarse sino que la sociedad tiene derecho a beneficiarse de esa integración. Por tanto, toda actuación que justifique medidas diferentes, segregadoras o discriminatorias es contraria a ese básico derecho. Y, desde luego, no sólo nos hace retroceder en el tiempo sino que justifica una situación de discriminación inadmisible: dos personas pueden cometer el mismo delito, y, por tanto, les debe corresponder la misma o similar pena, pero, resulta que si una de ellas padece una discapacidad intelectual o enfermedad mental que, valorada por el tribunal, genera una medida de seguridad, que suponga privación de libertad, en lugar de una pena, la persona con discapacidad puede sufrir un tiempo de privación de libertad mucho mayor que quien no tiene esa circunstancia. Y esto, desde un planteamiento de derechos humanos básicos, es inadmisible.

Lo que está ocurriendo parece rememorar la vieja ley del 33 de 'vagos y maleantes'. "Vagos, maleantes y peligrosos", dice Luis Cayo Pérez Bueno. La discapacidad está siendo criminalizada", ¿no le parece?

En cuanto que el nuevo marco legal, que resultaría de la reforma planteada, permite una situación como la expuesta más arriba. Efectivamente, está claro que se está criminalizando la propia discapacidad. O, si se quiere ser más riguroso, que esta prevé una respuesta penal de más perniciosa, más dura.

Por el contrario, una política criminalista adecuada debería tener en cuenta que cuando la persona con discapacidad intelectual comete un hecho delictivo lo es bien porque ha estado siempre fuera del sistema, no ha recibido los servicios y atención que hubiese precisado su dolencia o porque es utilizada por otras personas para perpetrar un hecho delictivo. Nuestra experiencia de décadas en los programas de atención a reclusos nos permiten conocer que se trata de personas que han sido orillados, excluidos, primero del sistema educativo y después del sistema de atención o de servicios sociales hasta caer en situaciones marginales en las que son fácilmente manipulados. Pero la conciencia de esa situación debe propiciar la mejora de los sistemas de integración y de atención, no a penalizar con mayor rigor la discapacidad.

¿Qué hará Feaps en el caso de que se mantenga la reforma del Código Penal en trámite parlamentario?

En primer lugar, venimos intentando, con el Cermi, transmitir al Gobierno, y ahora a los grupos políticos parlamentarios, que en ese aspecto concreto la propuesta de reforma es injusta. Aunque una sola persona se vea privada de su libertad más tiempo del que, en justicia y conforme a la ley, le correspondería si el mismo hecho hubiese sido cometido por cualquier otro ciudadano, constituye una grave injusticia y evidenciará la improcedencia de la reforma.

Hemos participado en toda clase de reuniones al respecto, recabado la opinión de académicos, etc. Y no cejaremos mientras haya esperanza de modificar la propuesta de reforma del Código Penal en este aspecto.

Después, si el Parlamento lo aprueba y entra en vigor en los términos anunciados en el actual Proyecto, denunciaremos la discriminación que ello supone contra las personas con discapacidad intelectual ante el Comité de Derechos de la Convención, en Naciones Unidas, y haremos todo lo posible para modificarlo. Y, en cualquier caso, seguiremos prestando atención a las personas con discapacidad intelectual que acaban en centros penitenciarios, intentando ayudarles a mejorar sus vidas, a restañar las heridas que les habrá producido el sistema y a realizar su propio proyecto de vida.

¿Qué ventaja tendría el Gobierno en caso de continuar con la reforma según está y cuál o cuáles de modificarla?

La ventaja que puede obtener el gobierno con esta reforma, en ese concreto punto, es la de ofrecerle a la opinión pública la aparente seguridad de la reclusión de una persona con discapacidad que haya cometido un delito. Se trata de una especie de garantía de tranquilidad, aumentando, injustamente, la reclusión de personas que aquella opinión pública pueda considerar sospechosas, peligrosas.

Pero no es esta la superior obligación de un gobierno en cuanto a política criminal. La mejor legitimación de un gobierno en este aspecto es abordar políticas de prevención, establecer cauces de información, asesoramiento y atención cuando se detecta una discapacidad. Si la persona cuenta, desde el primer momento, con los apoyos precisos tendrá ante sí una propuesta de vida más rica y alejada de los circuitos de la delincuencia. Y ahí es donde deben garantizar los gobiernos que haya respuestas.

Y si la persona con discapacidad delinque (y en tal caso nuestra experiencia indica que mayoritariamente se trata de delitos menores) porque su limitación cognitiva no le ha permitido conocer el valor de su acción, entonces es obvio que tampoco procede un castigo, una pena, sino un sistema de ayuda, de apoyo.

Fuente: servimedia


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“Educación y esperanza en las fronteras de la discapacidad", del profesor Ignacio Calderón, de la Universidad de Málaga, analiza la construcción de la identidad de la discapacidad intelectual.

Se trata de un estudio de caso sobre la vida de su hermano con síndrome de Down, centrado sobre todo en aspectos educativos. La investigación intenta entender cómo él ha construido su identidad más allá de los límites que la sociedad impone a las personas con discapacidad.

La investigación analiza en un primer término la estigmatización y opresión que viven las personas con discapacidad.

A continuación, se muestra cómo vive él el proceso de resistencia a esa imagen social de la discapacidad. Tanto la familia como él mismo se niegan a aceptar esta imposición. Esta lucha se traslada a la escuela, que intenta excluirle y apartarle del sistema.

El estudio profundiza en dos contextos inclusivos, -la familia y una banda de música en la que toca desde que tiene 12 años- que le han permitido superar sus limitaciones.

Es en estos dos entornos donde tiene la oportunidad de aportar cosas, de ser escuchado, de ser valorado,…

Por último, el estudio destaca cómo se desarrolla en él la resiliencia (la capacidad que se genera para responder a la adversidad) y que en este caso se demuestra en cómo, más allá de estos dos entornos inclusivos,  ha sido capaz de construir su propia identidad, elaborando algo nuevo.

El valor del estudio es que, aunque se trata de un estudio cualitativo desarrollado en torno a una persona con síndrome de Down, puede extrapolarse a otros individuos y contextos, para estudiar la construcción de la identidad en las personas con discapacidad.

Fuente: socialia.org

 

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La Fundación San Cebrián y Aspanis, que han formado a 200 personas, están a la espera de las ayudas de la Junta.

Si ya de por sí tienen difícil acceder al mercado laboral, con esta maldita crisis la situación se les está complicando aún más. Temen que se recorten las ayudas para los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que son para ellos una puerta al trabajo, al menos entreabierta. Y es que más de 200 discapacitados intelectuales han llevado a cabo estos programas en Aspanis y en la Fundación San Cebrián, según se hace hincapié desde ambas asociaciones.

«Estos programas los convoca la Consejería de Educación cada año, pero no sabremos si saldrán ahora. Nuestros programas son de primer nivel, que no se requiere graduado en ESO, pero hay de segundo nivel, para graduados en ESO, y de tercer nivel, para FP de grado superior. Nuestra modalidad es Iniciación Profesional Especial, van dirigidos al alumnado que tiene necesidades educativas especiales (ACNEE)», señala la coordinadora de programas de Cualificación Profesional Especial de la Fundación Personas (Aspanis), Pilar Martín, que incide en que estos programas se desarrollan desde el año 2000.

«Antes se llamaban programas de garantía social. Hasta el año 2007 teníamos un PCPI que duraba dos años, pero se decidió después que hubiera dos programas paralelos para dar demanda a los alumnos que pedían entrar y no podían hacerlo porque el programa estaba a mitad de ciclo. Los PCPI hay que elegirlos con un perfil profesional concreto, y los nuestros son de Auxiliar de Alojamiento y Auxiliar de Servicios Administrativos, porque el objetivo final es llegar a la formación en las empresas, a completar las 120 horas de formación en centros de trabajo, y el Ayuntamiento, la Gerencia de Servicios Sociales, los hoteles o el CAM son buenos lugares», agrega Pilar Martín, que abunda en cómo estos lugares ofrecen salidas para el empleo.

Más información en El Norte de Castilla

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